Ver a un parlamentario frente a un documento que no domina, pedir explicaciones sobre asuntos que ya fueron remitidos por escrito o protagonizar un intercambio que termina en expresiones impropias del hemiciclo no debería convertirse en la medida de la calidad del Congreso. Pero sí puede abrir una pregunta incómoda y necesaria: ¿qué nivel de preparación debería exigirse a quienes tienen la responsabilidad de crear las leyes que rigen la vida de más de 30 millones de peruanos?
El debate vuelve a cobrar importancia precisamente ahora, cuando el Perú acaba de iniciar una nueva etapa con un Congreso bicameral para el periodo 2026-2031. La Cámara de Diputados y el Senado ya están ejerciendo funciones y, entre sus primeras tareas, aparecen asuntos de enorme impacto: seguridad ciudadana, facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo, presupuesto público y la conducción de instituciones económicas fundamentales.
En ese escenario, la discusión sobre la preparación de los parlamentarios no debería convertirse en una pelea entre izquierdas y derechas, Gobierno y oposición, ni entre bancadas. Es una cuestión mucho más básica: qué capacidades necesita una persona para ejercer correctamente una función pública de tanta responsabilidad.
¿Por qué vuelve a aparecer esta discusión ahora? 🏛️
Las últimas semanas han mostrado un Congreso con posiciones enfrentadas respecto de varias iniciativas del Ejecutivo. El pedido de delegación de facultades legislativas, por ejemplo, contempla materias como seguridad ciudadana, fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas, promoción del empleo, desarrollo productivo, régimen tributario y simplificación administrativa. El debate ha incluido posiciones favorables, contrarias y pedidos de mayor precisión.
Eso, por sí mismo, no constituye un problema.
Un Congreso democrático debe preguntar, fiscalizar, cuestionar y eventualmente rechazar propuestas del Poder Ejecutivo cuando considere que no están suficientemente justificadas. La función de control político forma parte de sus atribuciones constitucionales, al igual que la función legislativa.
El problema comienza cuando el debate político deja de estar sustentado en la lectura de los documentos, el análisis de sus consecuencias y la argumentación técnica, para convertirse simplemente en una sucesión de posiciones previamente determinadas.
Una oposición responsable no significa decir que no a todo. Tampoco apoyar al Gobierno significa aprobar todo.
La diferencia está en saber explicar por qué.
¿El Congreso debería discutir más y mejor antes de votar? 📚
Hay una realidad que muchas veces se pierde entre las cámaras, los micrófonos y las redes sociales: un parlamentario no debería llegar a una sesión para conocer por primera vez el contenido de un proyecto que debe analizar.
Los congresistas reciben proyectos, dictámenes, informes, opiniones técnicas y documentación complementaria. Precisamente para eso existen las comisiones parlamentarias y sus equipos de asesoría.
Cuando un asunto complejo llega al Pleno, la discusión debería representar el último tramo de un proceso de análisis, no el comienzo de la lectura.
Esto resulta particularmente importante en asuntos económicos.
Una propuesta relacionada con impuestos, deuda pública, empleo, inversión, regulación financiera o estabilidad monetaria puede contener consecuencias que no son visibles a primera vista. Una modificación aparentemente pequeña puede afectar incentivos, costos empresariales, recaudación o decisiones de inversión.
Por eso, preguntar no es una señal de incapacidad. Preguntar bien es una parte esencial del trabajo parlamentario.
La pregunta relevante es otra: ¿se pregunta para comprender mejor un aspecto concreto del expediente o porque no se ha estudiado previamente la documentación?
Esa diferencia puede determinar cuánto tiempo se utiliza, qué calidad tiene el debate y, finalmente, qué decisión toma el Parlamento.
¿Qué tiene que ver esto con las facultades del Ejecutivo? ⚖️
El reciente pedido de facultades legislativas permite observar con claridad la importancia de ese análisis.
El Ejecutivo solicitó una delegación por 120 días y las comisiones han venido revisando las materias incluidas en la propuesta. La Comisión de Constitución pidió mayor precisión sobre determinados aspectos, mientras otras comisiones expresaron posiciones diferentes sobre la conveniencia de conceder las facultades.
Ese procedimiento no debería verse necesariamente como obstrucción ni como respaldo automático al Gobierno.
La delegación de facultades es un mecanismo constitucional: el Congreso puede autorizar al Poder Ejecutivo a legislar sobre materias específicas y durante un plazo determinado. La propia documentación parlamentaria explica que la delegación debe establecer la materia y el plazo correspondiente.
Por tanto, un parlamentario puede legítimamente considerar que una solicitud está mal delimitada y pedir modificaciones. Otro puede considerar que determinadas medidas son urgentes y respaldarlas.
Lo que debería exigirse a ambos es exactamente lo mismo: argumentos, lectura, conocimiento del expediente y responsabilidad sobre el voto.
¿Y qué ocurrió con Julio Velarde? 💰
La discusión alrededor de Julio Velarde muestra otro ejemplo de por qué el conocimiento técnico importa.
El Ejecutivo oficializó su continuidad como presidente del Banco Central de Reserva del Perú por un periodo adicional de cinco años y el Senado inició posteriormente el procedimiento correspondiente. El 16 de septiembre de 2026, el Pleno del Senado aprobó su ratificación con 40 votos a favor, 12 en contra y ninguna abstención.
Aquí tampoco corresponde convertir una decisión institucional en una cuestión de simpatías personales.
El Banco Central cumple funciones directamente relacionadas con la estabilidad monetaria. Sus decisiones afectan variables que terminan llegando a la vida cotidiana: inflación, tasas de interés, crédito, ahorro y capacidad de compra.
La Memoria 2025 del BCRP señala que su Directorio realizó 60 sesiones durante ese año y que las decisiones de política monetaria se determinan de manera autónoma y son difundidas públicamente.
Eso permite entender algo importante: las decisiones económicas no deberían evaluarse solamente por la persona que ocupa un cargo, sino también por las instituciones, reglas y resultados que están detrás de ellas.
Un parlamentario puede cuestionar la continuidad de un funcionario. Lo que debería evitarse es que una posición política sustituya al análisis de la institución, sus competencias y la evidencia disponible.
¿Los videos que circulan demuestran un bajo nivel educativo? 🎥
Aquí conviene hacer una distinción que puede parecer pequeña, pero es fundamental.
Un video en el que un parlamentario tiene dificultades para leer un texto, formula una pregunta elemental o comete un error durante una intervención puede generar preocupación ciudadana. También puede ser objeto de crítica política.
Pero un video aislado no permite determinar el nivel educativo de una persona.
Mucho menos permite concluir que un parlamentario no posee estudios superiores.
Lo que sí puede observarse públicamente es el desempeño durante una sesión: la capacidad de argumentar, formular preguntas, interpretar documentos, respetar los turnos y sostener una posición con información.
Y allí sí existe un asunto institucional que merece atención.
La ciudadanía tiene derecho a esperar que quienes ejercen una función legislativa puedan comprender documentos jurídicos, económicos, presupuestarios y técnicos suficientemente complejos como para convertirlos en leyes.
No se trata de exigir que todos sean economistas, abogados, ingenieros o científicos.
Se trata de que tengan capacidad demostrable para estudiar y comprender aquello sobre lo que van a decidir.
¿Debe exigirse un título universitario para llegar al Congreso? 🎓
Aquí aparece la propuesta más delicada.
Actualmente, los requisitos personales establecidos para las candidaturas de diputado y senador no incluyen un título universitario. Para las elecciones generales de 2026, el manual jurisdiccional del JNE señala, entre otros requisitos, nacionalidad peruana de nacimiento, edad mínima, derecho de sufragio, inscripción en Reniec y determinadas condiciones vinculadas con la organización política. La formación académica se declara en la hoja de vida, pero no constituye un requisito general de título profesional para postular.
Por eso, exigir estudios superiores y título profesional significaría modificar las reglas actuales y tendría que evaluarse jurídicamente dentro del marco constitucional y electoral.
La discusión, además, tiene dos caras.
Por un lado, un título profesional podría establecer un piso formal de formación académica.
Por otro, tener un título no garantiza automáticamente capacidad política, ética, criterio, conocimiento de la realidad nacional ni buen desempeño parlamentario.
Una persona puede tener una carrera universitaria y desempeñarse mal en el Congreso. Y alguien sin título universitario puede tener experiencia social, empresarial, sindical, comunitaria o profesional no universitaria que resulte valiosa para representar a determinados sectores.
Por eso, reducir todo el problema a un diploma podría dejar intacta una parte importante de la dificultad.
¿Qué podría exigirse además de un título? 🔎
Si el objetivo es elevar realmente la calidad de la representación, existen varias alternativas que podrían discutirse públicamente.
Por ejemplo:
- acreditar formación superior o establecer mecanismos equivalentes de capacitación especializada;
- reforzar la verificación de los grados y títulos declarados;
- exigir transparencia completa sobre estudios, experiencia profesional y publicaciones;
- mejorar los controles sobre la autenticidad de la información consignada en las hojas de vida;
- establecer programas obligatorios de inducción parlamentaria;
- fortalecer la capacitación en Constitución, técnica legislativa, presupuesto, economía pública y control gubernamental;
- publicar de manera accesible los informes técnicos utilizados por cada comisión;
- evaluar periódicamente la capacitación de los parlamentarios sin convertirla en un mecanismo de exclusión política;
- mejorar los equipos técnicos que asesoran a diputados y senadores.
Una reforma seria debería preguntarse primero qué competencia se quiere garantizar y cómo se puede comprobar.
Porque si el problema es la capacidad para leer y analizar un proyecto de ley, tener un diploma enmarcado en una pared no demuestra necesariamente esa capacidad.
¿Y qué ocurre cuando el debate pierde el respeto? 🗣️
La calidad parlamentaria también tiene una dimensión que no aparece en los currículos: la conducta.
El 17 de septiembre ocurrió un incidente durante la interpelación al ministro del Interior, César Astudillo. El diputado Jesús Pérez, de Juntos por el Perú, utilizó una expresión vulgar al referirse a las cifras de criminalidad. El presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, le pidió retirar la expresión por considerarla inadecuada para el recinto. Pérez finalmente continuó su intervención en quechua.
También se han reportado otros intercambios tensos entre parlamentarios y miembros del Ejecutivo.
Una cosa es una fiscalización severa. Otra es el insulto.
Un parlamentario puede cuestionar duramente a un ministro, pedir su renuncia, exigir documentos, interpelarlo o incluso promover una censura dentro de los procedimientos establecidos.
Pero la firmeza no necesita vulgaridad.
El Congreso representa a toda la Nación, incluidos los ciudadanos que no comparten la ideología, religión, región, profesión o posición política del parlamentario que habla.
La investidura no convierte a nadie en infalible, pero sí impone una responsabilidad adicional sobre la manera de ejercer el cargo.
¿Podría una reforma educativa mejorar el próximo Congreso? 📖
Es posible discutirlo, pero sería un error pensar que una sola reforma resolverá el problema.
La calidad de un Congreso empieza mucho antes de que un parlamentario ocupe su escaño.
También depende de los partidos que seleccionan candidatos, de los mecanismos de democracia interna, de la información que reciben los electores y de la capacidad de la ciudadanía para revisar las hojas de vida antes de votar.
La nueva etapa bicameral ofrece precisamente una oportunidad para revisar estas exigencias.
El Senado y la Cámara de Diputados tienen funciones diferenciadas dentro del nuevo diseño institucional. El Senado, además de legislar y ejercer control político, participa en la designación, elección, ratificación y remoción de determinados altos funcionarios del Estado.
Eso hace todavía más importante que los representantes lleguen preparados.
No basta con saber hablar.
No basta con tener seguidores.
No basta con pertenecer a una organización política.
Tampoco basta con oponerse al Gobierno ni con respaldarlo.
Para legislar se necesita estudiar.
Para fiscalizar se necesita conocer.
Para votar se necesita comprender las consecuencias.
Y para representar a una nación tan diversa como el Perú se necesita, además, escuchar.
¿Qué debería discutirse antes de las próximas elecciones? 🗳️
Más que preguntar únicamente a un candidato de qué partido es, la ciudadanía podría exigir respuestas concretas sobre su preparación.
Por ejemplo:
- ¿Qué estudios ha realizado y cómo puede acreditarlos?
- ¿Qué experiencia tiene relacionada con las funciones que pretende ejercer?
- ¿Conoce el presupuesto público?
- ¿Puede explicar una ley importante sin recurrir únicamente a consignas partidarias?
- ¿Qué proyectos piensa impulsar y cuánto costarían?
- ¿Cómo piensa fiscalizar al Ejecutivo?
- ¿Qué hará cuando una propuesta de su propio partido sea técnicamente inconveniente?
Estas preguntas no pertenecen a una izquierda ni a una derecha.
Son preguntas de responsabilidad pública.
Un buen parlamentario debería poder defender una posición política y, al mismo tiempo, reconocer cuando la evidencia demuestra que debe modificarla.
Eso no es debilidad.
Es parte del trabajo legislativo.
¿Título profesional o capacidad demostrable?
Tal vez la discusión más útil no sea simplemente si todos los futuros parlamentarios deben tener un título universitario.
La pregunta más profunda es qué estándar mínimo de preparación necesita el Congreso peruano para producir mejores leyes y ejercer un mejor control del poder.
El título puede formar parte de la respuesta, pero difícilmente debería ser la única medida.
Un sistema más exigente podría combinar formación académica, experiencia, transparencia curricular, verificación documental, capacitación parlamentaria y reglas claras de conducta.
También debería evitarse un efecto contrario: convertir los requisitos educativos en una barrera que termine excluyendo a personas valiosas por razones que no estén relacionadas con su capacidad efectiva para representar.
El objetivo no debería ser construir un Congreso lleno de diplomas.
Debería ser construir un Congreso donde cada voto tenga detrás una persona capaz de entender qué está votando.
El próximo Congreso empieza mucho antes de las urnas
El Perú ya tiene un Congreso bicameral y sus integrantes tendrán cinco años para demostrar qué pueden hacer con la responsabilidad que recibieron.
Las recientes discusiones sobre facultades legislativas, seguridad, presupuesto y la conducción del BCRP muestran que las decisiones parlamentarias no permanecen dentro del Palacio Legislativo. Llegan a las empresas, a los trabajadores, a las familias, a los mercados y al bolsillo de los ciudadanos.
Por eso, pedir preparación no significa pedir unanimidad.
Pedir conocimiento no significa exigir que todos piensen igual.
Y exigir respeto no significa impedir la crítica.
Al contrario: un Congreso verdaderamente fuerte debería poder discutir con dureza sin perder el respeto, discrepar sin dejar de estudiar y votar en contra sin convertir el desacuerdo en una guerra permanente.
Quizá la reforma más importante no consista solamente en cambiar quién ocupa un escaño, sino en elevar el estándar que la sociedad considera aceptable para ocuparlo.
Porque cuando un país elige a sus representantes, no solamente está escogiendo personas para hablar en su nombre. Está entregándoles documentos que deben comprender, leyes que deben construir y decisiones cuyas consecuencias terminarán, tarde o temprano, en la vida cotidiana de todos.
Y esa responsabilidad merece algo más que una credencial parlamentaria: merece preparación.
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