Lima se encuentra entre las ciudades con mayor congestión vehicular a nivel mundial, ocupando el segundo lugar en el ranking en el año 2023. Este problema genera repercusiones significativas, como el aumento del tiempo perdido en el tráfico, con un promedio de 68 horas extras al año por persona en comparación con otras ciudades de Sudamérica. Este tiempo adicional en el tráfico resulta en una pérdida considerable de productividad y costos adicionales tanto económicos como ambientales.
La congestión del tráfico en Lima se refleja en el tiempo promedio de desplazamiento, que es un 20% más alto que en otras ciudades de la región. Durante las horas pico, especialmente entre las 6 y 7 de la tarde, este tiempo se incrementa a 33 minutos para recorrer 10 kilómetros, lo que representa una carga significativa para los residentes de la ciudad.
El problema se agrava para aquellos que deben viajar a sus trabajos, ya que pasan más de dos días adicionales en el tráfico cada año en comparación con otras ciudades. Para quienes viajan en hora punta, la pérdida de tiempo anual se eleva a 68 horas, lo que equivale a casi tres días extras en el tráfico. Estos retrasos representan una pérdida anual de productividad de S/ 2 mil millones, además de costos adicionales en combustible y daños al medio ambiente.
La contaminación del aire también es un resultado directo del tráfico denso, con distritos como San Juan de Lurigancho y Ate superando los límites permitidos por las Naciones Unidas en más de diez veces.
A pesar de la magnitud de estos problemas, los avances en la mejora del sistema de transporte público han sido lentos. Aunque existen proyectos como la Línea 2 del Metro de Lima, su ejecución se ha visto obstaculizada por demoras en la entrega de terrenos y controversias con las autoridades locales.
Para abordar eficazmente estos desafíos, es fundamental implementar un sistema de transporte público masivo e interconectado que satisfaga las necesidades de la población y reduzca la congestión vehicular. Esto incluye medidas como formalizar el transporte en taxi colectivo, fiscalizar el transporte informal de manera efectiva, expandir las rutas del Metropolitano y los corredores complementarios, finalizar e implementar planes de movilidad urbana, y acelerar la entrega de terrenos para proyectos de infraestructura vial y de transporte público.
Es necesario que las autoridades competentes y el Congreso actúen con determinación para abordar estos problemas y satisfacer las demandas de una ciudadanía preocupada y frustrada por la situación actual.
Fuente: El Comercio
Jorge Andres AmayaLicenciado en Economía y maestría en Administración, con amplio dominio de diversas herramientas digitales y prompts. |
