La Comisión Permanente del Congreso de Perú aprobó el proyecto de ley que modifica la Ley N.º 28587, relacionada con la protección al consumidor en materia de servicios financieros. Esta nueva normativa busca solucionar problemas derivados de retrasos en la actualización de información crediticia en las centrales de riesgo, beneficiando a miles de peruanos que regularizan sus deudas pero continúan enfrentando restricciones en el sistema financiero debido a la falta de actualización oportuna de sus datos.
Detalles de la normativa
La norma establece que, cuando un deudor regulariza su situación financiera mediante el pago de una deuda pendiente, la entidad financiera tiene la obligación de:
- Emitir una constancia de regularización de deuda al deudor en un plazo máximo de siete días hábiles.
- Notificar inmediatamente a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) para que esta proceda a actualizar la información en las centrales de riesgo.
De esta forma, los consumidores podrán recuperar su calificación crediticia y acceder nuevamente al sistema financiero sin mayores inconvenientes.
Además, la norma introduce modificaciones a los artículos 42 y 62 del Código de Protección y Defensa del Consumidor (Ley N.º 29571), consolidando derechos para los consumidores y reforzando las obligaciones de las entidades financieras en temas relacionados con la transparencia y la actualización de información.
Problemática que busca resolver
Esta ley responde a un problema generalizado en el país: la demora en la actualización de información crediticia en las centrales de riesgo. Según denuncias frecuentes, incluso después de regularizar sus pagos, muchos deudores continúan siendo considerados morosos por meses, lo que afecta:
- Su acceso a nuevos créditos.
- Su reputación financiera.
- Oportunidades económicas, laborales o personales.
El congresista Guido Bellido Ugarte, secretario de la Comisión de Defensa del Consumidor, destacó que la iniciativa está orientada a mitigar los impactos negativos que sufren los consumidores, quienes deben enfrentar un proceso burocrático largo y desgastante para corregir información errónea en su historial crediticio.
Por su parte, José Luna Gálvez, autor de una de las propuestas que sustentan esta norma, explicó que miles de peruanos ven afectadas sus posibilidades de acceder al sistema financiero debido a la falta de responsabilidad de algunas entidades financieras en informar de manera oportuna sobre la regularización de sus pagos.
“Esta norma permitirá que se eliminen los abusos que perjudican a los consumidores, quienes, a pesar de estar al día en sus pagos, permanecen injustamente reportados en las centrales de riesgo”, manifestó.
Contexto actual del sistema financiero en Perú
En Perú, el sistema financiero se apoya en las centrales de riesgo para evaluar la solvencia y el comportamiento crediticio de los consumidores. Sin embargo, el retraso en la actualización de información puede generar una serie de problemas que van desde la negación de préstamos hasta la imposibilidad de acceder a servicios financieros básicos.
De acuerdo con la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), más del 40 % de los consumidores reportados en las centrales de riesgo han presentado algún tipo de reclamo relacionado con errores en su historial crediticio o demoras en la actualización de datos.
Esto no solo afecta a los consumidores, sino que también genera un impacto negativo en la confianza hacia las instituciones financieras, debilitando la relación entre los usuarios y el sistema bancario.
Ventajas de la nueva ley
La implementación de esta normativa traerá consigo varios beneficios para los consumidores y el sistema financiero en general:
- Restauración de la confianza financiera: Al actualizar oportunamente la información de los consumidores, se mejora la transparencia y se fortalece la relación entre las entidades financieras y sus clientes.
- Reducción de la exclusión financiera: Miles de personas podrán acceder nuevamente a créditos y servicios financieros sin restricciones indebidas.
- Mayor protección al consumidor: La norma refuerza los derechos de los consumidores y obliga a las entidades financieras a actuar con mayor responsabilidad.
- Simplificación de trámites: Los deudores ya no tendrán que atravesar procesos largos y complicados para que su historial crediticio sea actualizado.
Retos en la implementación
Si bien la ley es un paso importante hacia la protección del consumidor, su efectividad dependerá de la implementación adecuada por parte de las entidades financieras y la supervisión estricta de la SBS. Algunos retos que podrían surgir incluyen:
- La necesidad de establecer un sistema automatizado que permita la actualización de información en tiempo real.
- Garantizar que las entidades financieras cumplan con el plazo de siete días hábiles para emitir las constancias y reportar la regularización a la SBS.
- Evitar que las entidades financieras incurran en prácticas que obstaculicen la emisión de constancias o la notificación oportuna.
Opiniones adicionales
Durante el debate en el Congreso, Wilson Soto Palacios destacó que muchos consumidores deben pasar por un "vía crucis" para lograr que su información sea actualizada en las centrales de riesgo, lo cual les impide ser considerados sujetos de confianza dentro del sistema financiero.
Asimismo, expertos en protección al consumidor consideran que esta normativa podría servir como modelo para futuras leyes que busquen mejorar la transparencia y la responsabilidad en otros sectores que impactan directamente a los ciudadanos.
Conclusión
La aprobación de esta ley marca un hito importante en la defensa de los derechos de los consumidores peruanos, garantizando que las entidades financieras cumplan con su deber de actualizar la información crediticia de manera oportuna. Además, establece un precedente en la búsqueda de un sistema financiero más justo, transparente y accesible para todos.
Con su correcta implementación, se espera no solo reducir los problemas relacionados con la exclusión financiera, sino también mejorar la confianza de los ciudadanos en las instituciones financieras y regulatorias del país.
Jorge Andres AmayaLicenciado en Economía y maestría en Administración, con amplio dominio de diversas herramientas digitales y prompts. |
