El Perú enfrenta una crisis de criminalidad que ha paralizado al país y mantiene a sus ciudadanos atrapados en un clima de miedo constante. Los ecos de balas y explosiones resuenan en las calles, mientras los delitos se integran como una sombría rutina en el día a día de una nación que parece haber quedado a la deriva en materia de seguridad. Este estado de vulnerabilidad se ve agravado por un Gobierno que, desde el inicio de su gestión, ha mostrado un estado de negación y una alarmante incapacidad para ofrecer soluciones concretas. La inseguridad, que crece sin freno, ha obligado a los peruanos a convivir forzosamente con el sicariato y la extorsión, problemas que parecen fortalecerse con el tiempo, especialmente bajo el marco de leyes insuficientes impulsadas por el Congreso. En este contexto, la resiliencia ciudadana contrasta con la desesperanza frente a un sistema que, según muchos, los ha abandonado a su suerte.
Este panorama introduce la necesidad urgente de evaluar las percepciones públicas sobre la inseguridad y el sistema judicial, reflejadas en recientes encuestas que documentan tanto las fallas estructurales como las posibles soluciones.
La encuesta realizada por Ipsos en febrero de 2025 para Perú21 no solo presentó datos reveladores, sino que también dejó claro que el país enfrenta una encrucijada. Este artículo amplía el análisis, proporcionando contexto y posibles soluciones para generar un cambio duradero.
Contexto Sociopolítico
La inseguridad no es un fenómeno aislado, sino parte de un entorno sociopolítico complejo. Factores como la crisis económica y la falta de oportunidades laborales contribuyen al aumento de la delincuencia. Adicionalmente, la corrupción y la falta de liderazgo gubernamental agravan la problemática, debilitando la confianza ciudadana.
El sistema judicial y policial ha sido constantemente cuestionado por su ineficiencia, corrupción interna y falta de recursos. Estas instituciones, fundamentales para el orden social, se enfrentan a una creciente presión pública para implementar cambios sustanciales.
Relevancia de los Datos Encuestados
La encuesta abordó ocho preguntas que revelan las preocupaciones y percepciones clave de los ciudadanos. No solo apuntó a identificar los problemas, sino también a explorar las expectativas y posibles soluciones desde la óptica ciudadana. Analicemos cada uno de estos puntos y profundicemos en su implicancia.
Razones del Aumento de la Criminalidad
La encuesta señala varios factores que explican el incremento de la delincuencia en el país:
- Corrupción en las instituciones de seguridad y justicia: 45%.
- Congreso no aprueba las leyes necesarias: 41%.
- Leyes demasiado permisivas con los delincuentes: 33%.
- Falta de liderazgo del Ejecutivo en temas de seguridad: 26%.
- Crisis económica y falta de oportunidades laborales: 22%.
- Falta de valores y educación en la sociedad: 21%.
- Recursos insuficientes de la Policía Nacional: 19%.
- Elevado número de inmigrantes irregulares: 18%.
- Influencia creciente del crimen organizado internacional: 12%.
- Mal funcionamiento del sistema penitenciario: 8%.
Estos números reflejan la percepción generalizada de que los problemas estructurales son el principal motor de la criminalidad en Perú.
Percepción de los Responsables
La ciudadanía atribuye la responsabilidad de la inseguridad a varias instituciones:
- Presidencia de la República: 56%.
- Congreso de la República: 42%.
- Policía Nacional: 37%.
- Fiscales: 32%.
- Ministerio del Interior: 29%.
- Jueces: 29%.
- Alcaldes: 19%.
La falta de confianza en múltiples niveles del gobierno y las instituciones refuerza la percepción de descoordinación en la lucha contra el crimen.
Confianza en las Instituciones
La encuesta refleja una crisis de confianza alarmante:
- Policía Nacional: Solo el 24% confía, mientras que el 70% desconfía.
- Municipalidades: 19% confía, frente a un 75% que desconfía.
- Sistema Penitenciario: 17% confía, mientras el 72% desconfía.
- Poder Judicial: Apenas un 16% confía, y el 77% desconfía.
- Fiscalía/Ministerio Público: 15% confía, frente al 78% que desconfía.
- Ministerio del Interior: Un preocupante 9% confía, mientras el 83% desconfía.
- Congreso de la República: Solo un 5% confía, frente al 92% que desconfía.
Razones para No Denunciar Delitos
Un 50% de los encuestados indicó que el miedo a represalias es la principal razón para no denunciar un delito. Otras razones incluyen:
- Corrupción en la policía: 38%.
- Sensación de impunidad: 37%.
- Procesos engorrosos y lentos: 25%.
- Falta de interés de las víctimas: 15%.
Estas cifras evidencian la desconfianza en el sistema judicial y policial.
Expectativas al Denunciar un Delito
Las respuestas reflejan desilusión sobre las posibles consecuencias de denunciar:
- 30% cree que la policía no tomaría en serio su denuncia.
- 22% opina que los procesos serían tan largos y costosos que terminarían abandonándolo.
- 21% piensa que los delincuentes quedarían libres por tecnicismos legales.
- 14% cree que tendría que pagar una coima para que atiendan su caso.
- Solo el 9% confía en que se haría justicia y los culpables serían castigados.
Propuestas para Mejorar la Policía Nacional
Entre las medidas más valoradas por los encuestados están:
- Capacitación de policías: 48%.
- Control interno para evitar corrupción: 44%.
- Mayor presencia policial en las calles: 30%.
- Labores de inteligencia: 30%.
- Equipamiento tecnológico: 27%.
- Dar más poder a los policías para encarcelar sospechosos: 17%.
Propuestas para Mejorar el Sistema Judicial
Para fortalecer el sistema judicial, las principales propuestas incluyen:
- Controlar mejor a fiscales y jueces para combatir la corrupción: 53%.
- Capacitar mejor a fiscales y jueces: 51%.
- Contratar más fiscales y jueces: 27%.
- Digitalización de procesos y equipamiento tecnológico: 20%.
- Más poder para decretar allanamientos y prisiones preventivas: 17% cada uno.
Tipo de Estado Preferido
Ante la disyuntiva entre seguridad y derechos humanos:
- El 62% de los encuestados prefiere un Estado duro en la lucha contra el crimen, aunque implique riesgos para los inocentes.
- Solo el 27% opta por un Estado respetuoso de los derechos humanos, aun si eso facilita la liberación de algunos delincuentes.
Propuestas Adicionales
Para abordar los problemas identificados en la encuesta, es esencial considerar estrategias integrales:
- Educación cívica y prevención: Programas educativos que fomenten valores sociales y la cultura de denuncia responsable.
- Colaboración internacional: Fortalecer la cooperación para combatir el crimen organizado y las redes internacionales.
- Participación ciudadana: Crear espacios de diálogo entre la ciudadanía y las instituciones para fomentar la confianza y la transparencia.
Conclusión
La encuesta de Ipsos no solo aporta datos relevantes, sino que también subraya la necesidad urgente de reformas en seguridad y justicia. Las instituciones clave enfrentan una crisis de confianza que exige cambios estructurales. Capacitar mejor a policías y jueces, combatir la corrupción y acelerar los procesos judiciales son esenciales para restaurar la seguridad y la confianza ciudadana.
Fuente: Encuesta Perú21 - Ipsos - Febrero 2025, sobre inseguridad ciudadana en Perú.